El acoso del Gobierno nacional a la sanidad privada
02/13/2026
Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM).
El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud anunciado por el Ministerio de Sanidad ha puesto en alerta a todo el ámbito asistencial. Lejos de tener la intención de mejorar la sanidad pública, el texto se interpreta en buena parte de nuestro sector como una deslegitimación al papel de la sanidad privada sin más objetivo que el ataque gratuito y la generación de ruido.
Porque es muy probable que este texto no llegue a aprobarse como ley, por la debilidad parlamentaria del Gobierno y la invasión de competencias autonómicas que supone. Y, sobre todo, por el perjuicio que supondría para la sanidad.
No se trata de una lucha de ideologías sobre el modelo, sino de consecuencias que van mucho más allá: sobre la atención a los pacientes, la seguridad jurídica del sector y, por supuesto, afecta también a la viabilidad del sistema público.
El primer problema es de naturaleza estructural. La sanidad privada no es un actor marginal ni accesorio, sino un componente plenamente integrado a nivel asistencial en España. En comunidades como Madrid, constituye un pilar esencial del sistema asistencial, de hecho, aporta 6.804 camas, 548 centros y cuenta con más de 70.000 profesionales.
Por eso, cuando una ley como esta pone en cuestión el funcionamiento de nuestros centros, no solo nos afecta a nosotros, sino que también tiene un impacto en las estructuras organizativas del sistema público.
Pero su repercusión no se limita a este aspecto, ya que va mucho más allá e impacta a nivel asistencial. En el sistema sanitario de nuestro país (de todas las CC AA, también la de Madrid) coexisten la prestación pública y la privada. Sólo en Madrid el modelo privado asume el 39% de las intervenciones quirúrgicas, el 33% de los ingresos y el 28% de las urgencias que tienen lugar en nuestra región, dando cobertura a más de 2,6 millones de asegurados.
Además, tiene un papel esencial en lo que tiene que ver con la tecnología sanitaria (dispone del 51% de las resonancias magnéticas y el 42% de los mamógrafos, por ejemplo). Y recordemos que, en otras Comunidades autónomas, como Cataluña, el peso de la privada es aún mayor. Con estos datos, si una ley plantea debilitar la labor de la privada, la pregunta es inevitable: ¿puede la sanidad pública absorber de forma total ese volumen de actividad?
La capacidad del sistema público de poder absorber toda esta actividad resulta dudosa. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad (Sistema de Información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud -SISLE) reflejan un incremento de éstas. En junio de 2025, 70.971 pacientes se encontraban en lista de espera en nuestra región.
Con escasez de profesionales y una elevada presión asistencial, desplazar actividad desde la privada sin aumentar de forma equivalente los recursos públicos no ayuda a fortalecer el sistema: lo tensiona. Y cuando la tensión supera el umbral de resistencia, las consecuencias recaen directamente sobre el paciente en forma de más demoras, saturación y menor accesibilidad.
Este anteproyecto incluye aspectos que podrían poner en riesgo el marco normativo vigente, afectando a la planificación, inversión y sostenibilidad de los centros privados. La ACHPM ya señaló en el 2024 que una iniciativa legislativa como esta podría socavar uno de los pilares del Estado de Derecho, como es la seguridad jurídica de todo el sector de la sanidad privada en España, generando incertidumbre institucional, económica y asistencial.
En conclusión, penalizar al papel de la sanidad privada supone ignorar los resultados asistenciales y la labor de miles de profesionales que sostienen la atención sanitaria en nuestra región. Porque, si la ley reduce los recursos disponibles, desincentivando la inversión y poniendo en tensión al sistema público, el efecto dominó tomará el relevo de la situación.
