Gestión sanitaria al margen de la lucha política

Vivimos un momento de crispación política en España inédito. Los acontecimientos de los últimos años en nuestro país, con pandemia y cambios estructurales en la política incluidos, la aritmética parlamentaria, cada vez más compleja, y un estado de campaña electoral casi permanente han configurado un clima propicio para la polarización y la falta de consensos.

En este contexto, asistimos a situaciones inimaginables en el pasado: insultos en sedes parlamentarias, ataques personales, presenciales y virtuales, de toda índole y, como consecuencia, ciudadanos abochornados y cada vez más distanciados de la política. No ayuda que salgan a la luz casos de corrupción en los que personas que han sido relevantes por su labor en el ámbito político o incluso quienes debían velar por la integridad y seguridad de todos, hayan sido detenidos en relación con hechos relacionados con presunto enriquecimiento ilícito con recursos públicos en un momento de emergencia sanitaria, en plena crisis de la Covid-19.

Estas situaciones generan una gran alarma social, y sus protagonistas tendrán que explicarse ante la Justicia. Pero estos casos no pueden justificar intentos de poner en cuestión todo lo que tenga que ver con la gestión sanitaria, bajo una suerte de sospecha difusa e inconcreta.

«La sanidad, sin apellidos, preocupa mes tras mes a un amplio porcentaje de los ciudadanos, y esto debería bastar para dejar la salud al margen del rifirrafe político»

El sector de la salud es distinto de cualquier otro, y no comparable. Nuestra materia de trabajo son las personas, en su esfera más íntima. Además, la sanidad, sin apellidos, preocupa mes tras mes a un amplio porcentaje de los ciudadanos, y esto debería bastar para dejar la salud al margen del rifirrafe político.

En nuestro país, los profesionales sanitarios (médicos asistenciales, enfermería, etc.) se encuentran siempre entre los mejores valorados por la ciudadanía. Pero detrás de estos magníficos profesionales hay otros perfiles menos conocidos por la población general, pero igualmente necesarios para garantizar el derecho a la salud. Es el caso de los gestores sanitarios, públicos y privados, cuya labor consiste en articular el modo en el que todos tenemos acceso a la asistencia sanitaria cuando lo necesitamos.

Una de las labores fundamentales de los gestores de la salud es articular la colaboración entre entidades públicas y privadas. La colaboración público-privada en sanidad es recurrente, por cuanto se trata de una fórmula que permite llegar donde sólo los recursos públicos no pueden, y garantizar así el derecho de todos a la salud.

Una muestra de esta colaboración es la labor llevada a cabo durante la crisis de la Covid-19. Pero, sin necesidad de una emergencia sanitaria de esta magnitud, todos los Gobiernos autonómicos, de cualquier color político, en el ejercicio de sus competencias, han adoptado en las últimas décadas, y mantienen, distintos acuerdos de colaboración con centros sanitarios privados para garantizar la asistencia de todos sus ciudadanos. Han sido muchos los modelos ensayados, y de ellos han surgido algunos de los proyectos sanitarios de mayor éxito.

«La colaboración público-privada en sanidad es recurrente, por cuanto se trata de una fórmula que permite llegar donde sólo los recursos públicos no pueden, y garantizar así el derecho de todos a la salud»

En el caso de la Comunidad de Madrid, nuestro ámbito de actuación, el Gobierno autonómico, de la mano de la presidenta Díaz Ayuso, ha apostado de forma clara y decidida por una gestión sanitaria de excelencia y universal y esto incluye aprovechar al máximo los recursos públicos y privados de los que se disponen siempre en beneficio de los pacientes.

Con casi siete millones de ciudadanos, la privada de Madrid cuenta con 70.000 profesionales, 49 centros con 6.800 camas, 250 quirófanos y una parte sustancial y puntera de la tecnología sanitaria. La privada asume el 31% de los ingresos y de las altas realizadas, el 27% de las estancias y el 37% de las intervenciones quirúrgicas del conjunto de las realizadas en la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasaría si no se pudiera contar con estos recursos? Más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos.

Con todo, Madrid no es la Comunidad Autónoma que más recurre a la sanidad privada. En concreto, destina algo más del 11% de su gasto sanitario a conciertos con la privada, un porcentaje moderado, lejos del 24% de Cataluña, que tiene una importante tradición de aseguramiento sanitario privado.

«La gestión sanitaria no puede convertirse en arma arrojadiza, aprovechando la importancia que los ciudadanos dan a todo lo relacionado con la salud»

Hace sólo unos días se han convocado elecciones autonómicas en Cataluña. ¿Justifica su apuesta por la colaboración público-privada que se convierta todo lo que rodea a este modelo sanitario en instrumento al servicio de la campaña? Los que nos dedicamos a la gestión de la salud creemos que no, por respeto a los profesionales y a los pacientes.

Cuestionar la colaboración entre administraciones, por tanto, puede ser contraproducente. Pero peor aún es hacer insinuaciones sin ninguna base, para relacionar empresas del sector sanitario con casos de corrupción política. La gestión sanitaria no puede convertirse en arma arrojadiza, aprovechando la importancia que los ciudadanos dan a todo lo relacionado con la salud.

En definitiva, la salud es una aspiración y una preocupación. La atención sanitaria es un derecho. Y, en ningún caso, la sanidad debe emplearse como golpe de efecto político, pues a nadie beneficia cuestionar permanentemente su funcionamiento cotidiano. Muchos deseamos que el clima de la política en España mejore. Mientras tanto, dejemos al margen lo que es vital para todos.

FUENTE: https://www.consalud.es/opinion/gestion-sanitaria-margen-lucha-politica_141728_102.html