ACHPM presenta sus aportaciones al Anteproyecto de Ley de gestión pública e integridad del SNS
03/02/2026
El presidente de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid, Isidro Díaz de Bustamante, considera que el anteproyecto es «innecesario, político y anacrónico», además de tratar de deslegitimar la colaboración público privada y tener «vocación inconstitucional»
La Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM) califica el Anteproyecto de Ley de gestión pública e integridad del SNS como una norma «absolutamente innecesaria» que no busca mejorar la asistencia, sino imponer una visión “dogmática”. Según la patronal, el texto es un «ataque gratuito» a la sanidad privada y deslegitima un modelo de colaboración público-privado que funciona con éxito en el resto de Europa.
En respuesta, Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la ACHPM, ha aprovechado el plazo de audiencia pública para remitir un documento de alegaciones que solicita la retirada total del texto planteado por el Ministerio de Sanidad. La postura de la ACHPM se articula en torno a doce aportaciones críticas a las que ConSalud.es ha podido tener acceso.
Desde la asociación sostienen que la norma carece de contenido innovador, ya que gran parte de lo que propone —como la prioridad de entidades sin ánimo de lucro o la utilización óptima de recursos propios— ya está regulado en el artículo 90 de la Ley General de Sanidad de 1986. Consideran que añadir conceptos vagos como «finalidad social» a artículos vigentes no justifica una nueva ley que solo busca «dar forma» a un texto vacío para justificar una decisión política previa.
Recuerdan que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, el carácter público del sistema no se ve cuestionado por el uso de fórmulas de gestión privada, siempre que se mantenga la titularidad y el control público
Respecto a la obstaculización de conciertos, la ACHPM concluye que el objetivo real del Anteproyecto no es regular, sino establecer condiciones administrativas tan complejas que hagan los conciertos sanitarios «inviables e imposibles de tramitar» en la práctica. Al limitar la gestión indirecta a situaciones «excepcionales» sin criterios técnicos claros, se pretende expulsar al sector privado del sistema público, alejando a España de los modelos de colaboración vigentes en países como Alemania o Francia.
La ACHPM advierte, a su vez, de una “clara vocación de inconstitucionalidad” del proyecto legislativo por interferir en la competencia de las comunidades autónomas para organizar sus propios servicios de salud. Recuerdan que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, el carácter público del sistema no se ve cuestionado por el uso de fórmulas de gestión privada, siempre que se mantenga la titularidad y el control público, algo que este anteproyecto ignora al “intentar imponer un modelo único” de gestión directa.
Al revisar el Artículo 2 del texto, la ACHPM critica que se omitan las referencias a la colaboración público-privada en los principios rectores. Proponen que se incluya explícitamente que las administraciones podrán establecer conciertos con medios ajenos siempre que sea necesario para asegurar la sostenibilidad y operatividad del sistema, respetando así el marco normativo de la Ley de 1986 que el Anteproyecto intenta silenciar.
Otro punto de fricción de la ACHPM con la iniciativa se centra en el procedimiento de evaluación previa que recoge, en el que se exigen memorias justificativas e informes de comités de expertos antes de realizar cualquier concierto
El documento denuncia también que el Ministerio utiliza una terminología «engañosa y de nuevo cuño» que no coincide con los conceptos legales vigentes. Acusan al Gobierno de querer elevar a la categoría de «gestión directa» a cualquier ente público (aunque actúe fuera del sistema sanitario) y reservar el término «indirecta» para demonizar la gestión privada, tratando de borrar cualquier rastro positivo de la colaboración histórica con el sector empresarial.
Otro punto de fricción de la ACHPM con la iniciativa se centra en el procedimiento de evaluación previa que recoge, en el que se exigen memorias justificativas e informes de comités de expertos antes de realizar cualquier concierto. Recuerdan que en el pasado estos comités (como los de la pandemia) resultaron ser “inexistentes o meras herramientas políticas”, y temen que estos nuevos órganos solo sirvan para dilatar los expedientes.
Respecto a las garantías de transparencia y auditoría, la patronal argumenta que no hace falta una ley para implementar estos controles. Sostienen que bastaría con dictar normas reglamentarias o alcanzar acuerdos en el Consejo Interterritorial del SNS para supervisar a todos los prestadores (públicos y privados), y que elevar esto a rango de ley es solo una excusa para «maquillar» el verdadero propósito de la norma: la prohibición del lucro.
Denuncian que el Anteproyecto pretende dar nuevas funciones a la Alta Inspección del SNS para «inducir y controlar» procesos de reversión de centros privados a la gestión pública
La ACHPM rebate también la «evidencia científica» que menciona el Ministerio para ligar la gestión privada con un aumento de la mortalidad, calificando este uso de los datos como «falso y torticero». Por el contrario, aportan datos de la Sindicatura de Cuentas que demuestran que los hospitales de gestión privada son un 30% más baratos, tienen la mitad de la lista de espera y mejores indicadores de esperanza de vida que los públicos.
Denuncian que el Anteproyecto pretende dar nuevas funciones a la Alta Inspección del SNS para «inducir y controlar» procesos de reversión de centros privados a la gestión pública. Citan el ejemplo de hospitales revertidos donde el personal se duplicó (de 2.000 a 4.000 profesionales) y las listas de espera pasaron de 40 a 100 días, advirtiendo que este es el futuro que le espera al sistema si se sigue el camino marcado por la ley que plantea Mónica García.
DECISIÓN “POLÍTICA Y ANACRÓNICA”
La asociación identifica la derogación de la Ley 15/1997 como la verdadera razón de ser de este Anteproyecto. Sostienen que es una decisión puramente política y «anacrónica» que ignora los problemas reales del sistema (falta de financiación, escasez de médicos y digitalización) para centrarse en destruir una herramienta legal que ha permitido la flexibilidad y eficiencia del sistema durante décadas.
Finalmente, en sus dos aportaciones finales, la ACHPM denuncia una grave incoherencia jurídica en la norma al restringir los derechos del sector privado y penalizar el lucro legítimo, mientras el Estado mantiene modelos como MUFACE, advirtiendo que esta exclusión provocará un fallo sistémico y el colapso de la sanidad pública, que es incapaz de absorber por sí sola la actividad quirúrgica y de urgencias que actualmente sostiene la infraestructura y tecnología privada (en Madrid asume el 39% de las cirugías y el 28% de las urgencias).
