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Cuando se anunció la reforma del Estatuto Marco, actualmente en fase de negociación, muchos de los que formamos parte del sector sanitario nos alegramos en parte, pues entendíamos que la ministra de Sanidad había puesto al fin su atención en los profesionales sanitarios.
Abordar los asuntos profesionales en sanidad es positivo, siempre que se dejen de lado posiciones dogmáticas. Es lo que hicimos la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada (ACHPM) y todos los sindicatos con representación cuando alcanzamos el acuerdo 2023-2026. Una muestra de colaboración de todos los implicados, que beneficia por igual a la actividad empresarial, a los trabajadores y, sobre todo, a nuestros pacientes.
La base del nuevo Estatuto Marco debe ser el consenso, para evitar situaciones extremas que puedan perjudicar a los profesionales y pacientes. Y sólo se puede avanzar desde un diálogo que incluya a todos los actores implicados: sindicatos profesionales, MIR y también empleadores: CC AA y sanidad privada.
En particular, parece muy alejada de la realidad la pretendida limitación para los jefes de servicio de los hospitales públicos, a los que se exigiría exclusividad en su trabajo y se les impediría -así lo ha manifestado la ministra- que tengan consultas privadas o ejerzan al mismo tiempo en hospitales o clínicas privadas.
«La exclusividad de los jefes de servicio supondría una fuga de los profesionales de mayor prestigio, que perjudicaría en primer término al Sistema Nacional de Salud, así como a los pacientes y conllevaría un descenso en la excelencia del nivel científico, médico y asistencial que nuestra sanidad tiene»
En un momento en el que las CC AA pugnan por retener el talento e incluso se disputan a los profesionales, esta medida supondría una fuga de los profesionales de mayor prestigio, que perjudicaría en primer término al Sistema Nacional de Salud, así como a los pacientes y conllevaría un descenso en la excelencia del nivel científico, médico y asistencial que nuestra sanidad tiene. Anunciar esta medida denota además falta de confianza en unos profesionales que, en su inmensa mayoría, desarrollan su labor con excelencia y son los primeros encargados de formar a los equipos que trabajan en la pública.
Algo parecido sucede con los MIR y la pretensión, por parte de la ministra García, de su mantenimiento forzoso en la sanidad pública durante cinco años tras la finalización de su período de formación especializada. En un momento en el que los profesionales jóvenes tienen ante sí atractivas ofertas para trabajar en otros países, poner trabas a su ejercicio en España sería un error que provocaría pérdida de talento y afectaría también a los pacientes.
Esperamos, no obstante, que las aguas vuelvan a su cauce y el Gobierno comprenda, más allá de las posiciones individuales de una ministra, la importancia de actuar a favor de la sanidad y de sus profesionales y pacientes. Es lo que parece que ha ocurrido con Muface: cuando todo parecía perdido y la ministra de Sanidad abogaba abiertamente por acabar con el modelo, el Gobierno ha hecho un último intento (veremos si con éxito).
«Esperamos que las aguas vuelvan a su cauce y el Gobierno comprenda, más allá de las posiciones individuales de una ministra, la importancia de actuar a favor de la sanidad y de sus profesionales y pacientes»
Otro ejemplo: el presidente del Gobierno, en su reunión con los CEO mundiales de la industria farmacéutica, ha defendido la “imprescindible” colaboración público-privada. A su lado, la ministra de Sanidad, que tantas veces ha denostado esta fórmula, permanecía callada.
Esperemos que esta tendencia se mantenga y que ocurra igual con una materia tan sensible como las condiciones del ejercicio profesional. Un asunto que afecta de manera directa a los clínicos, pero también a los pacientes, y en el que el Gobierno central, más allá de las cuotas de la coalición, debe actuar.
