Isidro Díaz de Bustamante, reelegido presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid (ACHPM)
03/03/2026
La Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de la Comunidad de Madrid considera que esta normativa desvía la mirada de los problemas estructurales del sistema sanitario, como listas de esperas, falta de profesionales y déficit de financiación
Redacción
Según el Ministerio de Sanidad, el objetivo del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) es garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios. El texto normativo establece un marco jurídico que refuerza el carácter universal, equitativo, transparente y de calidad del SNS, alineado con los principios de sostenibilidad y buen gobierno.
En este contexto, la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de la Comunidad de Madrid (ACHPM), manifiesta su desacuerdo con algunos puntos de la normativa, por lo que presenta sus aportaciones al trámite de audiencia, en las que solicita su retirada por no responder a necesidades del sistema sanitario. Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la ACHPM, manifiesta que “la desaparición de la colaboración público-privada no resolverá los problemas del SNS; al contrario, puede agravar su situación y afectar directamente a los pacientes”.
El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS pretende garantizar la gestión pública en los servicios sanitarios
En las alegaciones de la ACHPM proporciona una serie de propuestas para garantizar el uso eficiente de los recursos sin excluir a ninguno de los actores del sistema, como reforzar los mecanismos de auditoría, evaluación y transparencia tanto en centros públicos como privados. Además, la asociación solicita la retirada inmediata del anteproyecto, la apertura de un proceso de diálogo real con profesionales, pacientes y representantes del sector, así como el mantenimiento de un modelo sanitario mixto que garantice sostenibilidad, eficiencia y calidad asistencial.
Estas alegaciones están fundamentadas al considerar que es un cambio innecesario que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. De acuerdo con el documento de aportaciones, el texto legal no introduce mejoras sustanciales respecto al marco vigente, ya que mantiene en vigor el artículo 90 de la Ley 14/1986, que permite expresamente la concertación de servicios sanitarios con medios ajenos a la Administración. En este sentido, la ACHPM advierte de que la eliminación progresiva de los modelos de gestión privada en la sanidad pública conllevaría un incremento de las listas de esperas y de la presión asistencial sobre el sistema público; generaría mayores costes estructurales; dificultaría la inversión en tecnología e innovación; y pondría en riesgo miles de puestos de trabajo del sector sanitario.
Por otro lado, la asociación recuerda que la sanidad privada tiene un importante impacto asistencial tanto en Madrid como en toda España. En el caso de la Comunidad de Madrid, la sanidad privada cuenta con 70.000 profesionales sanitarios, 49 hospitales con 6.800 camas, 250 quirófanos, el 51% de las resonancias magnéticas y el 42% de los mamógrafos instalados. El 39% de las intervenciones quirúrgicas, el 33% de los ingresos y el 28% de las urgencias corresponden a la privada.
Entre las propuestas de la ACHPM, destacan los mecanismos de auditoría, evaluación y transparencia para los centros públicos y privados
Mientras, a nivel estatal, más de 12,6 millones de personas cuentan con seguro sanitario privado, y el sector representa aproximadamente el 26% del gasto sanitario total. Asimismo, la asociación subraya que el Ministerio de Sanidad reconoce que en 2023 más del 34% de las estancias hospitalarias en centros privados no integrados en el SNS fueron financiadas con fondos públicos, lo que evidencia la interdependencia estructural entre ambos sectores.
Competencias autonómicas en materia sanitaria
En las alegaciones de la ACHPM también se cuestiona la adecuación constitucional del anteproyecto, al considerar que invade competencias autonómicas en materia de organización sanitaria, amparadas en el artículo 43 de la Constitución y en la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional sobre modelos de gestión. La sanidad española es un sistema descentralizado cuya organización corresponde a las comunidades autónomas, por lo que imponer un modelo único de gestión podría generar una invasión de competencias autonómicas, lo que a su vez conlleva un potencial perjuicio para los pacientes de todas las comunidades autónomas, pues todas cuentan con fórmulas de colaboración público-privadas y algunas, de manera muy destacada, como Cataluña.
En definitiva, la asociación considera que el anteproyecto responde a un planteamiento ideológico y no técnico, y que desvía la atención de los problemas estructurales del sistema sanitario. Algunos de estos problemas son las listas de espera, el déficit estructural de financiación, la falta de profesionales, el envejecimiento de la población, y la necesidad de transformación digital.
